L'ONU denuncia que la política d'habitatge europea exclou cada cop més immigrants

Señor Coldo Casla, relator especial sobre el derecho a una vivienda asequible de Naciones Unidas, buenos días y muchas gracias por atender a Cataluña Radio. Hola, buenos días. Muchas gracias. Yo le preguntaría, ¿cree que lo que antes se decía, por ejemplo, sobre servicios como la educación o la sanidad, que los estaban copando los inmigrantes, este relato estaba muy extendido, se está ahora ampliando también a la vivienda de esta manera preocupante?

Sí, sí, por supuesto. Es un giro nativista que observamos en muchos países europeos, muchos países occidentales, también en otros lugares, como en Sudáfrica. Y es un giro que se orienta o que se fundamenta en una proposición política de algunas personas, de algunos partidos, de algunos agentes de opinión, que no cuestionan tanto la necesidad de invertir en vivienda, incluso la prestación pública de vivienda, lo que cuestiona es la subjetividad. Es decir, no cuestiona el objeto de que hay que adoptar políticas públicas adecuadas, sino que lo que dicen es solo para los míos y no para los otros. Y esa política de exclusión de los míos por un lado y los otros por el otro lado, de antagonismo dentro de la sociedad, se basa en unos prejuicios y se basa en poca base empírica. Si uno observa simplemente. La evolución de la tasa de inmigración en los países europeos y la evolución de la asequibilidad de la vivienda, los porcentajes, el porcentaje de aumento del coste de la vivienda en nada se asemeja al porcentaje de aumento de la población. Entonces tiene que haber otros factores que expliquen el hecho de que la vivienda es inasequible para todas las personas inmigrantes y nativas. Y creo que tiene poco que ver con el fenómeno migratorio. Puede haber contextos donde contribuya, pero hay que ponerlo en un contexto más amplio, de quién contribuye a los servicios públicos, quién mantiene el estado de bienestar, donde ahí estamos todos, personas inmigrantes y personas nativas.

Claro, usted hablaba, por ejemplo, hay países donde se están imponiendo requisitos como el dominio de la lengua, el vínculo con el país para tener acceso a la vivienda. Son como unos requisitos que de algún modo excluyen también más a estas personas. En el caso de España, por ejemplo, entiendo que le preocupan especialmente las comunidades donde gobierna PP y Vox, que está este discurso de prioridad nacional intentando socavar un poco lo que había hasta ahora.

Sí, así es. En el mes de agosto remití cuatro comunicaciones, cuatro cartas de preocupación a cuatro gobiernos europeos, que eran España, Irlanda, Reino Unido y Bélgica. En el caso de Bélgica, efectivamente, en la región de Flandes hay una política en la que se escudan en la protección del idioma, que creo que es algo absolutamente importante, pero se escudan en esa. En esa supuesta utilizan el idioma como un arma arrojadiza para en la práctica excluir personas inmigrantes de primera o de segunda generación de las prestaciones de vivienda lo cual es ampliamente preocupante y esta misma semana estaba en Bruselas y hablándolo con. Con gente del Comisionado de Derechos de la Infancia de Flandes y hablábamos precisamente de la necesidad de incidir en esta política excluyente. En el caso de Irlanda, una reforma legislativa reciente, también de este verano, que excluye o que tiene el riesgo de excluir a personas inmigrantes y crear. Un aumento entre la población inmigrante del sin hogarismo, al excluir a estas personas de determinadas prestaciones de vivienda. En el caso del Reino Unido, lamentablemente, es una política ya de varias décadas que excluye a personas inmigrantes que vengan con visado, se las condiciona a no poder recibir prestaciones públicas. Se llama el Non-Request Public Funds. Y en el caso de España vemos que hay cuatro comunidades autónomas donde los acuerdos de gobierno en Andalucía, en Aragón, en Castilla y León y Extremadura, entre el Partido Popular y Vox, incluyen de una manera u otra ese principio de prioridad nacional que queda indefinido, que encajaría difícilmente en el marco constitucional. Pero que da a entender que tendrán prioridad aquellos que hayan nacido en España, aunque está por concretar en qué se materializa eso. Ese es el lenguaje utilizado que transmite discriminación y prejuicios, presentando a las personas extranjeras como si fueran ellas las responsables del hecho de que la vivienda es inaccesible e inasequible en España. Y creo que esa no es la razón, desde luego.

No sé si ha habido alguna respuesta por parte del Gobierno a esa comunicación que decía usted que había enviado.

Pues me reuní con la ministra de Vivienda a finales del mes de agosto y me aseguró que iban a contestar a la comunicación y tengo entendido que lo han hecho o lo van a hacer en breve, pero todavía no lo hemos recibido.

Ara usted hablaba de Flandes, Irlanda, Reino Unido, pero Francia, por ejemplo, la candidata Marine Le Pen, que en su discurso que hacía hace unos días también, centraba especialmente todo su programa electoral de cara a las presidenciales en Francia en la política de la vivienda y también decía que se daría especial acceso. Sí, por supuesto.

Forma parte de ese discurso repugnante destinado a crear división entre la sociedad. Donde se crea esa población extranjera como se la señala como el enemigo, el enemigo dentro de nuestras fronteras. Y como decía, los cuatro ejemplos que he dado antes de Flandes, de Irlanda, del Reino Unido y de España son. Son ejemplos, pero observamos giros nativistas en toda Europa y también en Estados Unidos y también, como decía, en Sudáfrica, en contexto de xenofobia o africafobia hacia otras personas de otros países africanos. Yo quería dejar claro que aquellos cuatro ejemplos no eran los únicos de toda Europa y lo vemos también en el discurso excluyente y nativista y extremista que vemos en algunos líderes políticos en Francia, por supuesto.

Quizá el caso de Berlín, que este domingo tenía elecciones. Allí hemos visto cómo ha ganado Die Linke, el IFERALP, y ella ha hecho de la vivienda el tema central de su campaña y ha dicho que van a poner propuestas radicales, sobre todo en el tema del alquiler. Para intentar solucionar un problema que allí también es enorme. Quizás, no sé si cree usted que se tiene que. Ellos hablaban de propuestas radicales. ¿Hemos de ir hacia aquí, hacia propuestas radicales para realmente dar solución a los ciudadanos en el tema de la vivienda, como Berlín?

Bueno, si hay algo claro respecto a la vivienda es que es una preocupación en todos los países. Si no mira los estudios de opinión. En los 27 países de la Unión Europea, pues uno puede haber distintas opiniones sobre el estatus jurídico del derecho a la vivienda, lo que no hay debate es sobre el hecho de que vivimos una crisis de vivienda. Esta misma semana reuniéndome con. Con representantes de la Comisión Europea, del Ministerio, del Departamento encargado de cuestiones de vivienda, pues eso quedaba, estaba fuera de dudas, ¿no? Agentes políticos de distintos colores, y me reuní con representantes de distintos partidos, pues todos ponían o reconocían que la vivienda es una prioridad. Por supuesto, el desencuentro se sitúa en qué tipo de políticas necesitamos, ¿no? Personalmente y lo que yo abogo es por un mayor atrevimiento en la intervención en el mercado privado. Creo que tenemos que tratar la vivienda como un elemento esencial del estado de bienestar, lo mismo que tratamos y hemos tratado durante muchos años la sanidad, la educación y. Y ahora la atención a la dependencia desde hace unos años, pues la vivienda encaja ahí también. Ahora bien, la vivienda, si vamos a tratarla como un servicio público de satisfacción del estado de bienestar, tenemos que reconocer que la mayor parte de la vivienda está en manos de titularidad privada. Incluso en aquellos países que tienen un parque público más generoso, más amplio, como por ejemplo Países Bajos o Francia, que rondan en torno al 32% en el primer caso y 17% en el segundo, pues incluso aunque son parques mucho mayores que el de España, que pueden dar en torno al 3 o 4%, aún así es insuficiente. 17 o 32%, aunque sea mucho más que 4, sigue siendo insuficiente para dar satisfacción a las necesidades de vivienda en cuanto a accesibilidad y asequibilidad. Así que tenemos que hablar con atrevimiento de qué forma vamos a regular el mercado privado. Los alquileres de corta duración, el mercado de alquiler en general, la política fiscal, incluyendo sanciones, incluyendo incentivos. Y habrá que hacer ahí una evaluación de impacto. Aquí no hay varitas mágicas. Lo que funciona en Berlín no tiene por qué funcionar en Badalona. Eso está claro. Pero lo que tenemos que quitarnos es el temor a creer que intervenir en el mercado privado es una intromisión inaceptable en el derecho a la propiedad privada. No lo es. Lo mismo que hace más de 100 años reconocimos que reconocer derechos de los trabajadores no es una. Intromisión inaceptable en la propiedad de los medios de producción de los empresarios, pues lo mismo que aceptamos eso hace 120 años, pues tenemos que aceptar hoy que intervenir en el mercado privado no es una intromisión inaceptable en el derecho a la propiedad de los propietarios de vivienda.

¿Y usted cree que el marco europeo que pretende regular un poco todo esto y dar cobertura a los estados, el que se aprobó ahora hace unos días también, va a dar esta seguridad jurídica a los estados? Como por ejemplo los países como Cataluña, que ya sabe usted que tienen en marcha una ley que regula los precios del alquiler. ¿Está la voluntad de llevar al Parlamento de aquí? Un par de meses todo el tema para intentar limitar la compra especulativa. ¿Este marco va a favorecer gobiernos como el de Cataluña que quieren efectivamente intervenir en el mercado privado?

Lo que ha hecho la Comisión Europea hace una semana o dos fue presentar una propuesta de recuperación de las viviendas equibles. Es una propuesta que todavía no ha sido aprobada. Tendrá que ser discutida entre las distintas instituciones y con los estados. Es una propuesta que intenta proporcionar seguridad jurídica y reconoce que los estados, en su marco competencial que corresponde a cada uno de los estados, tienen la facultad de intervenir en áreas bajo estrés, en áreas tensionadas, cuando sea proporcionado, necesario y ajustado a objetivos concretos. Ese planteamiento me parece correcto. Creo que es una propuesta que ofrece un amplio marco de actuación a los estados. Ahora bien, también creo que si el objetivo es proporcionar seguridad jurídica, tengo mis dudas de que lo consiga, porque creo que es una propuesta que está redactada en unos términos muy amplios en la mayor parte de las cláusulas. Y no creo que contribuya a ajustar demasiado lo que ya ajustan los estados en su legislación doméstica. Entonces, no sé hasta qué punto va a introducir claridad o mayores restricciones o menores restricciones de las que ya existen en el marco jurídico español actual. Pero se tiene que seguir debatiendo, se tiene que seguir discutiendo. Hay algunas cláusulas en esta propuesta, como el artículo 6, en cuanto a los límites de la ratio entre precio e ingresos de 8 a lo largo de 10 años. Que son excesivamente, a mi juicio, excesivamente restrictivas, pero en general el documento, la propuesta es lo suficientemente amplia como para que quepan muchas cosas. Y yo creo que hay distintas políticas públicas que se pueden perfectamente ajustar dentro del marco de esta propuesta. También diré que tampoco es revolucionaria. La Corte de Justicia de la Unión Europea ya desde el año 2020 ha reconocido que los Estados Unidos. Tienen capacidad de regular los alquileres de corta duración. Entonces, creo que hay más que hablar respecto a esta propuesta de la Comisión Europea. Creo que es un buen comienzo, pero si se trata de proporcionar seguridad jurídica, creo que habrá que hilar un poquito más fino. Y en cualquier caso, si lo van a dejar con amplitud, creo que las distintas administraciones tendrán que. Presentar propuestas mucho más concretas y como decía antes, creo que tienen que ser propuestas que se atrevan a intervenir en el mercado privado, que lo permite el borrador actual de la propuesta.

¿Qué le parece a usted lo que se está llevando a cabo aquí en Cataluña?

En general, dos observaciones generales tengo que hacer. No me ha llegado la información concreta como para hacer una opinión desde mi relatoría, pero mis observaciones generales son que creo que es acertado tener atrevimiento para intervenir en el mercado privado para regular. El alquiler, para regular el alquiler de temporada, incluso en Cataluña ya desde el año 2007, la ley de vivienda del año 2007 incluía la posibilidad de sancionar el hecho de que hubiera viviendas vacías. Cataluña ha sido pionera dentro del Estado en el ámbito de vivienda ya desde hace casi 20 años. Entonces, esa observación general creo que es lo primero que hay que decir, que creo que Cataluña no es la única comunidad autónoma, pero sí que creo que fue la primera que se ha atrevido a intervenir en el mercado privado y eso lo aplaudo. Pero la segunda observación es que creo que esto se trata de una cuestión de evaluación de impacto. Es decir, aquí no hay varitas mágicas. No se puede decir que un control de precios del 2% vaya a resolver el problema de la vivienda en Cataluña o en todo el Estado. Tiene que haber una combinación de políticas que incluya intervención pública e intervención privada o regulación de intervención privada y habrá que ir evaluando prueba-error qué es lo que va funcionando. Pero sin tener miedo al hecho de que la intervención en el mercado privado es algo necesario para satisfacer el derecho a la vivienda para todas

las personas. Y usted en su informe de relator especial que tiene este objeto de aportar estos datos extraídos de todas las realidades que usted va viendo por todo el mundo sobre lo que está funcionando, lo que no, de lo que ya más o menos usted ha visto. ¿Cuáles serían, usted lo tiene clarísimo, se tiene que intervenir el mercado privado porque si no esto no se va a solucionar, pero qué países ahora mismo están teniendo los, hemos hablado de los que las políticas van por otra parte, pero qué estados o diría pues por aquí es donde tiene que ir la regulación, qué ejemplo nos daría o? Y un poco, una vez analizado lo que funciona bien y lo que no, ¿cómo lo calibra? ¿Estamos mal, estamos lejos aún de llegar donde usted entiende que se debería llegar con el tema de la vivienda?

Mi primer informe temático precisamente va a tratar sobre el papel de los municipios a nivel global, o sea, no en un país concreto, sino el papel de los municipios, de los ayuntamientos y también de iniciativas comunitarias adoptando políticas públicas que promuevan el derecho a la vivienda, que muchas veces lo hacen a pesar de que los estados no les dan competencias, no les dan recursos. Hay muchos ayuntamientos en todo el mundo que están adoptando políticas bien interesantes. Y en aquellos lugares donde los ayuntamientos no lo hacen o no lo pueden hacer, pues hay iniciativas comunitarias también muy prometedoras. La semana que viene, en las próximas dos semanas estaré en Ghana, en mi primera visita de país, donde conoceré algunas de estas iniciativas comunitarias y también dialogaré con el gobierno y presentaré algunas recomendaciones. Entonces, mi primer informe temático precisamente irá sobre la identificación de. Políticas prometedoras que sean interesantes y mi segundo informe temático tratará sobre ejemplos de regulación del mercado privado, precisamente del alquiler. No me gusta decir que la vivienda es un mercado, yo creo que es un derecho, es un servicio público, que a veces se presta de forma pública o se presta de forma privada, Pero a eso me refiero, la intervención en el sector privado. Entonces, para ejemplos concretos habrá que esperar un poquito estos dos informes, pero sí que hay cosas interesantes que observar. Por ejemplo, en España a veces hay

quien se echa las manos a la cabeza cuando se habla de control de precios. Bueno, en Nueva York y en muchos otros países, en muchas otras ciudades en Estados Unidos y en Canadá llevan más de 100 años. Controlando, restringiendo los precios del alquiler y vaya, el capitalismo ha seguido funcionando en Estados Unidos. En España, por ejemplo, desde hace ya 10 o 15 años se habla sin miedo de esta distinción entre pequeños y grandes tenedores. Que creo que es un modelo, esa filosofía de distinción, de distintas obligaciones en función de la capacidad y el tamaño del número de propiedades en manos de un arrendador, esa distinción cualitativa, me parece que es una contribución interesante, que se hace en Cataluña, se hace en todas las comunidades autónomas y creo que es un modelo para otros países. Al mismo tiempo diré que creo que no hay que demonizar en absoluto a los grandes tenedores. Hay países europeos como Alemania, como Austria, como Dinamarca, donde han tenido un mercado del alquiler desde hace muchas décadas. Donde la mayor parte de los arrendadores eran empresas o eran grandes tenedores. Y ha funcionado bien hasta hace pocos años. Países donde un número importante de personas vivían de alquiler y vivían con cierta seguridad jurídica. Es decir, yo en absoluto demonizo un modelo donde haya empresas que se encarguen de que hagan negocio con el alquiler, siempre y cuando lo regulemos debidamente, siempre y cuando haya seguridad en la tenencia

para esos arrendatarios, y siempre y cuando haya un control, una restricción, una serie de obligaciones de habitabilidad, etc. Pero mirar esos modelos de países europeos que, como decía, Austria, Alemania o Dinamarca, que tienen tradición de grandes tenedores, creo que es algo a lo que deberíamos prestar atención. Y una última cuestión, señor Casla.

Usted decía, tenemos que ir hacia regular el mercado, eso no es incompatible con el derecho a la propiedad, pero lo que nos encontramos, aquí lo hemos visto en Cataluña, es que muchas veces, muchas de las iniciativas legislativas de nuestro Parlamento acaban en el Tribunal Constitucional. Justamente porque los servicios jurídicos dicen que chocan estas leyes con el derecho a la propiedad. Es que, claro, aquí siempre habrá este problema. El tema de la intervención del mercado puede acabar muchas veces en los tribunales, luego una ley tira para adelante pero al cabo de dos años se vuelve a tirar para atrás. Se tendría que intervenir y quizás cambiar algún tipo de marco jurídico, porque si no, esto es un problema.

Sí, estoy de acuerdo y creo que es una interpretación equivocada del derecho a la propiedad la que ha hecho el Tribunal Constitucional estos últimos años en este tema en concreto. Creo que es una interpretación maximalista. Ha habido dos tipos de argumentos para restringir la capacidad de las comunidades autónomas ya desde el decreto andaluz del 2013 en cuanto al mercado de vivienda. Un argumento era este, el de la propiedad o la unidad del mercado. Y otro argumento era la cuestión competencial. La cuestión competencial no entro porque yo entiendo que eso es una cuestión de interpretación del margen de actuación entre el Estado y las comunidades autónomas y puedo tener mi opinión, pero como relator especial creo que es algo que no me compete. Pero en lo tocante a la propiedad creo que tenemos que revisar esa interpretación maximalista que. Que considere que es una intromisión excesiva. Ha habido sentencias que lo han impedido, que han impedido que las comunidades autónomas regulen el mercado privado por el argumento de la propiedad. También ha habido sentencias del Tribunal Constitucional que han tenido una interpretación mucho más amplia sobre la base del principio de la función social. La función social de la propiedad que está reconocida en la Constitución, que está reconocida en. En las constituciones de 23 países de todo el mundo y hay 11 países más, algunos de ellos europeos, que reconocen principios similares, por ejemplo, en Alemania, en Irlanda. En varios países latinoamericanos, y yo creo que es un asidero para interpretar de forma más amplia. Entonces, una interpretación expansiva del derecho a la propiedad creo que sería contrario a esta noción de la función social de la propiedad. Ha habido sentencias que han adoptado esta interpretación expansiva, también ha habido sentencias que han adoptado una actitud mucho más. Flexible, que en mi opinión es más coherente con el marco global de derecho internacional de derechos humanos, que sí, reconoce el derecho a la propiedad, pero también reconoce el derecho a la vivienda y otros derechos sociales.

Genial, pues señor Koldokas, la relatora especial de Naciones Unidas en Vivienda, le agradecemos muchísimo que nos haya dedicado su tiempo y si le parece, pues le emplazamos a volver a hablar cuando usted tenga estos informes con más detalle que contiengan todo su trabajo de estos meses y profundizamos un poco en ello, si le parece. Sí, estaré encantado, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, buenos días. Buenos días.