El fiscal Javier Zaragoza: "Este es un juicio en defensa de la democracia española"

Algunos escritos de las defensas, más que alegatos defensivos, parecen auténticos libelos acusatorios basados ​​en un relato alternativo que pretende crear una visión distorsionada de la realidad.

Ni la ruptura de la legalidad constitucional ni la ejecución de acciones delictivas tan graves que han supuesto una agresión importante al orden constitucional pueden legitimarse al amparo de los derechos fundamentales cuya infracción se invoca.

Se pretende transformar en víctimas de una persecución política a quienes han fracturado el orden constitucional y, paradójicamente, sentar en el banquillo al Estado, que a través de sus instituciones ha tratado de restaurar el orden jurídico frente a estas gravísimas agresiones con el único instrumento que es aceptable utilizar en una sociedad democrática, que es la aplicación de la ley.

Es una falacia de colosales dimensiones que debe ser proclamada a los cuatro vientos: nadie, ninguno de los acusados, nadie es o ha sido perseguido por sus ideas, sino por sus acciones, por los hechos acontecidos en septiembre y octubre del 2017, porque los acusados llevan años proclamando, defendiendo este proyecto político independentista.

Se han manifestado, han convocado movilizaciones ciudadanas multitudinarias y que sepa el Ministerio Público, nunca se les ha perseguido, ni se les ha acusado ni se les ha encausado, ni han sido detenidos ni han sido arrestados. Solo se ha puesto en marcha la justicia penal cuando se han llevado a cabo acciones que han superado, roto, los límites establecidos para los derechos políticos fundamentales.

La responsabilidad de los hechos violentos del 1 de octubre en los diferentes centros donde se votaba, no debe ser atribuida a las fuerzas y cuerpos, sino a quienes, conociendo la legalidad del proceso del referéndum, movilizaron a miles de ciudadanos, que como muros humanos impidieron la legítima actuación policial dirigida a evitar su realización, y cumplimiento de las resoluciones del TC y del mandato emitido por el TSJ.

El tribunal alemán convirtió una orden europea de detención en un instrumento jurídico de cooperación nuevo, una orden europea de Enjuiciamiento. Creyó que podía enjuiciar los hechos, que se le exhibían y que fundamentaban la reclamación del procesado rebelde Puigdemont.

El tribunal alemán estudió cuestiones que afectan al fondo del asunto, como la concurrencia de un elemento normativo del tipo: ¿Cuál es la intensidad por la que apreció elementos incriminatorios?, cuestiones que solo pueden ser valoradas tras la práctica de las pruebas por el tribunal encargado.

Asumió las funciones de enjuiciamiento atribuidas a la Sala Penal del Tribunal Supremo, y se produjo así una indebida intromisión en la jurisdicción de los tribunales españoles.

No hay una soberanía catalana, hay una soberanía española

Esta soberanía del pueblo español se respeta en Italia y en Alemania. Cuando el Tribunal Constitucional italiano o alemán dicen que la soberanía reside en todo el pueblo alemán o al pueblo italiano, termina la pretensión de la liga norte del Véneto o de Baviera, y a nadie se le ha ocurrido tachar ni al Constitucional italiano ni al alemán ni al estado español de ser estados opresores contra el orden democrático.

Hay una serie de verdades o posverdades sobre el ‘procés' que no son ciertas. Son las formas de expresión que, repetidas mil veces, parecen equivaler a una verdad pero que no lo son en absoluto. Todo el apoyo ideológico descansa sobre diferentes valores. Que la soberanía reside en el pueblo español, este es un valor absoluto que está proclamado por la Constitución. No se puede sustituir la soberanía del pueblo español por ninguno de los pueblos que la integran.

Se crea una legislación paralela que da a la gente la idea de que los derechos que puedan proclamarse son totalmente lícitos y creados por un parlamento regular. La Mesa del Parlament más las estructuras de estado del Govern y finalmente, el uso de la violencia: esto está previsto desde el libro blanco, desde la hoja de ruta y el documento Enfocats.

Que nadie se olvide, Schleswig-Holstein, que no es un grupo de ciudadanos que quiere acceder al poder. Es el poder de una comunidad autónoma que, desde la absoluta unilateralidad, ha decidido separarse del derecho para conseguir los fines típicos del artículo 427.

Y cuando en el cóctel explosivo de unilateralidad, separación por completo del derecho, negación de las funciones constitucionales del estado, se suma el poder constituido de una comunidad autónoma con coercitivo del derecho, y junto a ello, el poder de los Mossos, que se ponen completamente al lado de la rebelión, más la utilización de masas que se lanzan contra las fuerzas del Estado que pretenden, en cumplimiento de las órdenes de los jueces, evitar el referéndum, se incurre evidentemente en la violencia y la intimidación que proclama el artículo 472 del Código Penal.

Los líderes de las asociaciones civiles están aquí presentes, y no son incriminados por sus ideas, sino porque en el último acto de desconexión con el Estado son el fundamento de este ejercicio de esta violencia. Cuando llega el 20 de septiembre y el 1 de octubre, los líderes sociales llegan a desplazar en estas movilizaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, que se han instalado en un plan omisivo deliberadamente al margen del cumplimiento de la Constitución. Aquí cobran protagonismo por encima de los poderes institucionales los que desde el principio estaban previstos para marcar esta expulsión de las fuerzas del Estado, que no consiguen con 6.000 o 7.000 personas armadas evitar el referéndum.